• Busca sancionar la conducta de personas servidoras públicas que permita la construcción de inmuebles fuera del marco de la ley

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21.03.24. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa que identifica como delito la corrupción inmobiliaria y establece sanciones de 10 a 20 años de prisión a la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan los requisitos legales.

Dicha pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que se busca sancionar como un delito cuando funcionarios públicos permiten o toleren por acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la ley.

Para ello se creó el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, a propuesta del jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

“Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”, agregó.

Para hablar en contra de la reforma, el legislador Federico Chávez Semerena (PAN) consideró que se debería abordar la problemática desde el punto de vista administrativo más que desde el Código Penal, en virtud de que no se ha analizado el centralismo de los trámites en cuanto a la facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México para otorgar los permisos de uso de suelo y hasta dónde el Instituto de Verificación Administrativa y las alcaldías pueden verificar.

La congresista Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) se pronunció a favor, al señalar que es necesario combatir la formación de redes de tráfico de influencias entre personas servidoras públicas, empresarios y notarios, “sobre todo en lo que hace a las violaciones a la ley para la construcción de pisos excedentes a los autorizados por la norma, lo que ha posibilitado la generación de cuantiosas fortunas multimillonarias al amparo de los cargos públicos”.

 

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