• Se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión a quien cometa este delito

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18.05.24. El Congreso capitalino, en su tercer año de la II Legislatura, aprobó un dictamen, emitido por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que adicionó diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria. 

En su momento, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la comisión, expresó que se pretende evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad. 

El texto aprobado refiere que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 

Por las conductas descritas, se impondrá una pena de 10 a 20años de prisión, con independencia de otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.

La pena establecida se incrementará en una mitad cuando las conductas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Así, esta reforma tiene el objetivo de disuadir el surgimiento de organizaciones dedicadas a la corrupción inmobiliaria, así como impulsar el derecho fundamental de las personas a contar con un lugar donde vivir segura y dignamente. 

 

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