• Se debe tener claridad sobre presuntos casos de corrupción, y en su caso, sancionar a las personas encargadas de las gestiones realizadas en 2022 y 2023

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14.05.24. El Congreso local exhortó a la Secretaría de la Contraloría General y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes ante las denuncias por probables actos de corrupción en la realización de obras públicas en la alcaldía Magdalena Contreras, durante la administración del alcalde con licencia, Luis Gerardo Quijano Morales.

En este sentido, la diputada Elizabeth Mateos Hernández dijo que también se requiere auditar los ejercicios 2022 y 2023, investigar los contratos realizados durante el mismo periodo y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) inicie los procedimientos pertinentes para revocar la candidatura al funcionario en comento para ocupar nuevamente la titularidad de la demarcación por actos de corrupción.

Detalló que diversos medios de comunicación han denunciado la existencia de una red de corrupción formada por funcionarios de alto nivel del equipo de confianza del alcalde con licencia, entre los que se encuentran el director de obras y el subdirector técnico, cuyos malos manejos consisten en la simulación de supervisión, utilización de materiales de mala calidad y coaccionan a empresas para participar en prácticas irregulares.

Asimismo, expuso que de acuerdo con el portal de transparencia, tan sólo en 2022 en la alcaldía se realizaron 23 contratos de supervisión, de los cuales 15 han sido denunciados; refirió al caso del otorgamiento discrecional de contratos a la empresa Suycon Supervisión y Construcción S.A. de C.V., y dijo que como parte de la cuenta pública 2022, la Auditoria Superior de la Ciudad de México señaló contratos de pavimentación como irregulares.

Al hablar en contra de la proposición, el congresista Fausto Manuel Zamorano Esparza aseveró que las acusaciones vertidas en el instrumento legislativo “carecen de pruebas sustanciales y se basan en especulaciones”.

En su oportunidad, la diputada Martha Soledad Avila Ventura pidió no minimizar la solicitud de investigación sobre múltiples señalamientos de presuntos actos de corrupción en contratos de obra pública en esta demarcación, “si el alcalde en Magdalena Contreras tiene la conciencia tranquila, respalden que la auditoría y la contraloría investiguen”.

La legisladora Alicia Medina Hernández argumentó que realizar la investigación de forma exhaustiva permitiría combatir la corrupción y erradicar la costumbre de tener malos gobernantes en las alcaldías. Además, destacó la importancia de reestablecer la confianza en las autoridades responsables del gobierno capitalino.

La congresista Guadalupe Barrón Hernández llamó al IECDMX a que mediante los procedimientos correspondientes considere la revocación de cualquier candidatura en caso de violencia política en razón de género, sin importar el partido que resulte afectado.

La diputada Maxta Iraís González Carrillo negó corrupción, violencia y desvío de recursos en la alcaldía Magdalena Contreras, y pidió conocer los casos reales que se dan en otras demarcaciones.

El legislador Jhonatan Colmenares Rentería calificó como una coincidencia el que no se cuestionara durante dos años y medio el trabajo del alcalde con licencia en Magdalena Contreras, y expresó que los contratos presentados ya fueron examinados por la contraloría y no tuvieron ninguna consideración.

“Se debe defender la herramienta de la denuncia por violencia política en razón de género”, recalcó la congresista Ana Francis López Bayghen Patiño y dijo que es importante ser honestos al utilizar estos recursos y no intentar inculpar a otros funcionarios por las prácticas negativas de quienes sí han sido evidenciados.

Al hablar por hechos, la diputada María Guadalupe Morales Rubio sostuvo que es necesario realizar las investigaciones solicitadas en el punto de acuerdo, con el objetivo de esclarecer las acciones que tienen lugar en la demarcación y que la ciudadanía cuente con certeza absoluta de la legalidad en los procesos de obra pública.

Finalmente, el legislador Jorge Gaviño Ambriz consideró importante revisar los contratos señalados, que son accesibles por ordenamiento legal y resultado de un proceso licitatorio público que se puede revisar escrupulosamente. “Superemos el nivel del debate para que nos tratemos todos y todas con respeto”, concluyó.

 

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