• Más de un millón 126 mil personas se incorporaron a lo que discriminatoriamente se ha denominado: “trabajo informal”, conforme a cifras de INEGI

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07.08.25. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta para la creación del Parlamento del Comercio Popular en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se desarrolló el “Encuentro del Comercio Popular de la Ciudad de México”, organizado por la diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente).

 

Al respecto, la congresista destacó la importancia de la creación de este espacio de discusión y análisis, al afirmar que es necesario que “exista un espacio legislativo especial en donde los comerciantes populares puedan participar para exponer sus necesidades y problemáticas”.

 

Agregó que, de acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, publicada el pasado 28 de julio de 2025, más de un millón 126 mil personas se incorporaron a lo que histórica y discriminatoriamente se ha denominado “trabajo informal”, quienes contribuyen con casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital.

 

Al clausurar el evento, la legisladora Sánchez Barrios señaló que, a pesar de su contribución a la economía de la capital, son uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, discriminados y olvidados por las diferentes autoridades, además de que no tienen acceso a la seguridad social.

 

Por su parte, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) expresó que en el comercio confluyen todas las personas que venden en los espacios públicos, tianguis, mercados y en los vagones del Metro, por ello es necesaria la creación de un parlamento para este grupo poblacional, que permita escuchar las áreas de oportunidad que lleven a la construcción de leyes que las atiendan, con una visión social.

 

La directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), Ruth Francisca López Gutiérrez, comentó que se deben crear políticas públicas más incluyentes para las y los comerciantes de la vía pública, así como trabajar para que su actividad la desarrollen en condiciones más justas y en espacios dignos.

 

Nadia Sierra Campos, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) aseguró que es urgente armonizar la norma en la materia, ya que actualmente hay mucha reglamentación al respecto, lo que afecta el desempeño de las personas trabajadoras de esta modalidad.

 

Hilda Téllez Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), recalcó la necesidad de dignificar el trabajo de las y los comerciantes populares, reconocer sus historias y proteger a sus familias, además de incorporarles en el análisis del fenómeno de la gentrificación, por el que también son afectados.

 

Esperanza Alcántara Castillo, representante de la Unión de Vendedores, Fijos, Semifijos y Ambulantes en los Giros Varios de la Alameda Central A.C. propuso realizar un diagnóstico de este sector, crear un ombudsperson de este sector, reconocer a las personas autoempleadas en el espacio público y crear una Ley de Comercio.

 

La comerciante María Elena Luna García resaltó que este grupo es invisibilizado y objeto de desalojos, extorsiones, corrupción, criminalización y discriminación por parte de las autoridades, además de que carecen de servicios públicos en el desempeño de sus actividades, lo que es violatorio de sus derechos humanos.

 

Zuleika López Castellanos, de la organización de la Sociedad Civil, Milpa Patria y Soberanía, aseveró que, “en el terreno del marco jurídico existen grandes deudas históricas con el comercio popular para la defensa y protección de la actividad comercial y hacía las personas comerciantes”.

 

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