• El presupuesto adicional solicitado se aplicaría a las controversias derivadas del inicio del proceso electoral local ordinario 2023-2024 y la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo

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02.12.22. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local recibió en mesa de trabajo al magistrado presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando Ambriz Hernández, quien solicitó un presupuesto de 398 millones 615 mil 480 pesos para el ejercicio fiscal 2023.

Al iniciar las intervenciones de las personas legisladoras, el diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) manifestó su preocupación por el presupuesto asignado al TECDMX, insuficiente para cubrir las necesidades del capítulo 1000 para el pago del personal, y señaló que es importante resolver el problema de las escaleras, por la seguridad del personal; asimismo, preguntó las acciones proyectadas en materia de capacitación.

La legisladora Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) enfocó sus cuestionamientos a los mecanismos de accesibilidad e inclusión que se implementan para que personas con discapacidad o integrantes de la comunidad indígena, que no hablan español, puedan acceder a la justicia. Expresó que hasta octubre de 2022 se han tenido finanzas sanas sin caer en subejercicio, en tanto preguntó si el aumento solicitado al capítulo 5000, con una variación de tres mil 724 por ciento, se debe a la compra de algún bien o inmueble.

De la misma asociación parlamentaria, la congresista Xóchitl Bravo Espinosa reconoció la importancia del TECDMX para garantizar los derechos electorales, particularmente del trabajo del área Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Proceso Democráticos de la Ciudad de México; preguntó si hacen uso de nuevas tecnologías y plataformas para generar ahorros. Pidió aclarar una diferencia entre un recurso de 362 mil pesos del apartado sobre transparencia, difusión de la información y gobierno abierto, con el déficit de 301 mil pesos en materia de actualización de las obligaciones de transparencia.

Mientras tanto, el diputado José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) manifestó su interés por conocer el tiempo promedio de respuesta que tiene el Tribunal para resolver una impugnación y si cuenta con los recursos humanos y materiales para dar respuesta pronta y eficiente. Asimismo, preguntó cuál es el costo-beneficio de la implementación para el próximo año del sistema de justicia digital electoral, cuántos juicios laborales tienen por pagar y a cuánto asciende el monto.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD) cuestionó al titular del órgano local por qué considera fundamental la función de la justicia laboral a través del TECDMX, cómo afectaría a las actividades regulares no contar con el presupuesto adecuado y qué actividades dejarían de realizarse en 2023 de no recibir el total del presupuesto solicitado. Se refirió también a la forma de dar a conocer a la población la relevancia de garantizar sus derechos político-electorales; además pidió conocer cuánto se pretende destinar a ponencias, áreas administrativas, promoción y capacitación respectivamente para 2023.

La diputada Mónica Fernández César (PRI) consideró importante atender las necesidades presupuestales de este organismo, cuya función es relevante para la democracia en la Ciudad de México. Pidió precisar el presupuesto real ejercido y disponible al 31 de octubre, el ajuste realizado; y señalar qué obligaciones constitucionales, legales y laborales, desarrollo de proyectos, actividades y compromisos que no se pudieron cubrir a causa de que el presupuesto aprobado para 2022 fue 40 por ciento menor al solicitado.

Por el mismo grupo parlamentario, la congresista Tania Nanette Larios Pérez resaltó la labor del TECDMX para salvaguardar los derechos político-electorales de la población, particularmente de la defensoría pública electoral para responder a las personas de atención prioritaria y dar acceso a la justicia. Destacó la carga de trabajo que representará la preparación del próximo proceso electoral y la afectación que provocaría el no incrementar su presupuesto.

Al intervenir, la legisladora Luis Adriana Gutiérrez Ureña (PAN) señaló que la dependencia “demuestra con hechos el compromiso de hacer accesible la justicia electoral para todas las y los capitalinos”, y solicitó información sobre las acciones, objetivos y funciones electorales que pueden ser afectadas por la posible insuficiencia presupuestal en 2023; así como la situación de la carga de trabajo jurisdiccional electoral.

Por el mismo partido, el congresista Diego Orlando Garrido López llamó a ser solidarios con el recurso requerido por el Tribunal, y mencionó que es importante contar con detalles de la elaboración de la propuesta presupuestal, los pagos de adeudos en materia de pasivo laboral, el déficit en el capítulo 1000 en 2022, y las problemáticas que impiden un buen funcionamiento del sistema de justicia digital electoral.

Por el grupo parlamentario de MORENA el congresista Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, reconoció la labor jurisdiccional que realiza el TECDMX en la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en este sentido preguntó qué acciones ha implementado para garantizar la transversalización de la perspectiva de género y de la atención a los grupos de atención prioritaria.

En tanto el legislador Carlos Cervantes Godoy, se refirió a cómo se han ejercido los recursos del presente ejercicio presupuestal, sobre el tema preguntó a qué se debe el que están solicitando una ampliación líquida de 42 millones de pesos, de los cuales 30 millones se destinarán a pasivos laborales; sobre el capítulo 1000 deseó conocer porque se solicita más dinero, si en el informe se especifica que se ha gastado menos.

 

Presidente interino del TECDMX, Armando Ambriz Hernández, solicita presupuesto de 398.6 millones de pesos

Al exponer la situación que guarda al 31 de octubre el gasto de los recursos asignados para el presente ejercicio presupuestal, el magistrado presidente interino del TECDMX, Armando Ambriz Hernández, afirmó que se le autorizó una cantidad que asciende a 238 millones 873 mil 277 pesos, de los cuales se han recibido 190 millones 4 mil 900 pesos, y están pendientes por recibir 35 millones 878 mil 377 pesos.

En este sentido, dijo que con el “ajuste realizado al presupuesto se tuvo un déficit presupuestal de origen sobre el capítulo 1000, servicios personales, por 32 millones 733 mil 826 pesos”. A pesar de la situación financiera del TECDMX, su actividad no cesó, pues en un año en que no se han presentado procesos electorales, se han recibido 728 demandas, cantidad cercana a las 924 recibidas durante 2021 que fue año electoral, recalcó.

Al asegurar que el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2023 se elaboró “apegado a los principios de la buena administración, austeridad, racionalidad, honradez, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de derechos humanos”, el magistrado presidente interino señaló que están solicitando 398 millones 615 mil 480 pesos.

Recursos con los que se prevé conocer y dar seguimiento a las controversias a través de los medios de impugnación derivados del inicio del proceso electoral local ordinario 2023-2024, de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, las elecciones de las comisiones de participación comunitaria, de la renovación de los órganos internos de los partidos políticos, de la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores en la sede Jurisdiccional, de los procesos electivos de usos y costumbres en los diversos pueblos de la capital, entre otras actividades propias del organismo, indicó.

Cabe destacar que en virtud de que se llevarán a cabo diversos procesos electorales, se “se prevé un mayor uso de la infraestructura física y de la capacidad instalada en las ponencias, órganos y áreas. Para ello, se precisa de los recursos suficientes para cumplir oportunamente con las obligaciones establecidas en su marco legal”, aseveró.

En respuesta a los cuestionamientos de las y los legisladores, el magistrado presidente interino del TECDMX, Ambriz Hernández, apuntó que, de no obtener los recursos de 398 millones 615 mil 480 pesos solicitados, no se estaría en condiciones de cubrir el pago de las previsiones laborales, cubrir el pasivo laboral derivado de siete juicios, la instalación de paneles solares, implementar el Sistema de Ratificaciones Electrónicas, Firma Electrónica y del Sistema de Justicia Digital Electoral, además de no sustituir una escalera de emergencia.

Agregó que entre las medidas de austeridad previstas para 2023 se continuará con la obtención de ahorros a través de los procesos de adquisición de tecnologías, bienes inmuebles y servicios orientados al gasto, privilegiar el uso de las tecnologías de información para hacer más eficiente el trabajo a distancia, de igual forma avanzar en las acciones encaminadas al reciclado, cuidado de usos de energía eléctrica, recurso hídrico, entre otros.

Descartó que se vaya a adquirir algún inmueble, ya que el actual es propio; en relación con las acciones para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y personas de grupos de atención prioritaria, mencionó que el personal cuenta con los elementos necesarios que les permiten la aplicación de criterios para la plena salvaguarda de sus derechos y humanos.

Respecto a la implementación de la Firma Electrónica, señaló se han gestionado convenios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contar con la infraestructura de la FiREL, de tal manera que se aproveche esa plataforma para sistematizar órganos jurisdiccionales, compartir guías y ejemplos de uso para agilizar su adopción. Asimismo, apuntó que no se tiene contemplados aumentos salariales, ya que dependerían del presupuesto que les otorguen.

En su intervención final, el responsable del TECDMX señaló que sí se han utilizado las nuevas herramientas tecnológicas para lograr ahorros significativos, y que ya trabajan los lineamientos para desarrollar en 2023 un sistema híbrido que permita disminuir gastos. En lo que se refiere a las acciones para la difusión de la cultura democrática, informó que el próximo año se publicarán 19 productos editoriales, una revista semestral y dos spots; además de guías sobre la protección de los derechos político-electorales de pueblos y barrios originarios, mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritaria.

 

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