• De no contar con recursos suficientes, se estará en situación dramática en 2024

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27.11.23. En respuesta a los cuestionamientos de las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, insistió en una ampliación de recursos para 2024, que permita su correcto funcionamiento en un año electoral.

La diputada Mónica Fernández César (PRI) informó que respecto a las consultas sobre Presupuesto Participativo el IECM registra un monto de 24.9 millones de pesos, de los cuales ha ejercido 19.4, por ello, preguntó qué acciones se han ejercido y cuáles faltan para ejercer con el total disponible. Al referirse al presupuesto solicitado para 2024, pidió conocer qué conceptos considera como gasto operativo y cuáles como gasto administrativo.

En opinión del diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) se pondrán en riesgo las próximas elecciones si no se le da al instituto el presupuesto que está solicitando para el próximo año, ya que se requieren al menos 260 millones de pesos para la contratación del “ejército de personas” que se necesita para que apoyen en el desarrollo de los comicios.

Al cerrar la ronda de réplicas, la congresista Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) apeló a la sensibilidad del IECM para entender que se tiene un límite para destinar recursos, y expresó que le preocupa trasladar el costo de la democracia a la ciudadanía; de la misma manera, aseguró que no se le está recortando el presupuesto, “recortar implicaría que al instituto se le asignaran menos recursos que los que tiene este año”.

De no contar con recursos suficientes, IECM estará en situación dramática en 2024

Durante su participación, Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, expresó que respecto al Presupuesto Participativo, además de llevar los procesos, la institución tiene una responsabilidad en cuanto a capacitación permanente, para que puedan hacer factibles las funciones de los Comités de Ejecución y Vigilancia.

Aseguró se ha hecho un gran esfuerzo para salir avante a pesar del presupuesto reducido, y que con la ampliación de 45 millones del ejercicio fiscal 2023, se avanzó en la recuperación de materiales electorales y se realizaron compras anticipadas para lograr mejores costos. Aseguró que si bien una buena parte de las acciones electorales son a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), existe un convenio de colaboración entre ambos institutos, mismo que involucrará 61 millones de pesos, para diversos servicios de la jornada electoral.

Sobre la contratación de personal de campo, puntualizó que se invertirán más de 260 millones para tal efecto, lo que implica honorarios, uniformes y apoyos de trabajo de campo, correspondiente al personal eventual que realiza levantamientos y remite fotografías para brindar información certera durante la jornada electoral, entre otras actividades.

Enfatizó que se ha hecho un uso eficiente, razonable, medido y mesurado de los recursos públicos y que el IECM se vería en una situación muy dramática de no contar con los recursos suficientes, “nos estarían poniendo en un dilema entre el cumplimiento oportuno de las facultades asignadas para el proceso electoral, o cumplir con obligaciones respecto a derechos laborales, renta de inmuebles, luz y salarios para el resto del año”, señaló.

Para finalizar su exposición, la funcionaria afirmó que las elecciones de 2024 representan un reto trascendental para la vida de la capital del país, en que se implementarán las reformas electorales que incluyen el voto de personas en prisión preventiva, en postración y migrante.

Asimismo, detalló que en la jornada electoral se elegirán a 287 personas representantes y autoridades de la capital y que esperan la participación de casi 8 millones de personas.

“Aspirar a una gran ciudad requiere de grandes personas que se comprometan a garantizar que sus derechos se cumplan, cuidemos que las iniciativas que hoy son ley se puedan implementar en los hechos, necesitamos que las instituciones que están al servicio de la sociedad transformen sus leyes en acciones y programas”, concluyó.

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