• En el Congreso capitalino se presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

 

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11.09.26. Con la idea de fortalecer la evaluación del impacto ambiental que puedan generar obras y actividades en los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y afroamexicanas, la diputada Claudia Susana Pérez Romero propuso reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 

En la Sesión Ordinaria de ayer jueves, la legisladora del PAN presentó una iniciativa de modificación al Artículo 30 de dicho ordenamiento para que, cuando un proyecto u obra pueda incidir en estos territorios o comunidades, la Manifestación de Impacto Ambiental identifique su presencia dentro del área de influencia y evalúe las posibles repercusiones ambientales, territoriales y socioculturales.

 

“Hablar del medio ambiente también es hablar de la gente que durante generaciones ha cuidado su territorio. Es hablar de nuestros pueblos, de nuestros barrios originarios, de quienes conocen la tierra desde la historia, desde la comunidad y desde sus propios usos y costumbres (…). Por ello, tenemos la obligación de dar certeza jurídica a los pueblos y barrios originarios frente a los proyectos que pudieran impactar su territorio y su forma de vida”, puntualizó.

 

Desde la tribuna, señaló que la evaluación ambiental se concentra en los posibles efectos sobre los ecosistemas, sin establecer de manera expresa la obligación de valorar las afectaciones que un proyecto pudiera ocasionar sobre el territorio, patrimonio cultural, identidad y formas de organización de comunidades reconocidas de forma jurídica.

 

La parlamentaria indicó que su propuesta busca que esta información sea considerada desde las primeras etapas del procedimiento, bajo un principio preventivo que permita a las autoridades contar con mayores elementos técnicos antes de determinar la viabilidad ambiental de una obra o actividad.

 

“La propia iniciativa deja claro que la reforma no pretende sustituir los procedimientos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que correspondan, sino fortalecer la información con la que cuenta la autoridad para realizar una evaluación integral. Y eso es precisamente lo que significa dar certeza jurídica; la certeza para quienes quieren invertir y desarrollar”, explicó.

 

Pérez Romero indicó que la Manifestación de Impacto Ambiental tendría que incorporar la identificación y evaluación de posibles repercusiones sobre derechos colectivos cuando exista una relación directa o indirecta con el territorio, patrimonio cultural, identidad, sistemas normativos o formas de organización social de los pueblos y barrios originarios.

 

“Prevenir siempre será mejor que reparar y esta iniciativa también debe entenderse dentro de una visión de desarrollo sostenible, porque los objetivos de éste dentro de la Agenda 2030 nos recuerdan que no podemos hablar de desarrollo si dejamos atrás a las comunidades”, subrayó la panista.

 

Al finalizar su participación, la Mesa Directiva dio a conocer que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. En caso de que sus integrantes la aprueben, el dictamen sería enviado al Pleno Legislativo para su votación y, de ser avalado, se remitiría al Congreso de la Unión para que continúe su proceso parlamentario.

 

 

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